El burofax es uno de los medios más utilizados para reclamar una factura impagada de forma que quede constancia fehaciente del envío, el contenido y, si se contrata con acuse de recibo, también de la recepción. Esta guía explica qué debe contener, cuánto cuesta y cuándo es la opción adecuada.
¿Por qué un burofax y no un email o una carta normal?
Un burofax certificado acredita ante un juzgado tres cosas que un email o una carta ordinaria no garantizan por sí solos: quién lo envió, qué decía exactamente el contenido, y (si se contrata esa opción) que el destinatario lo recibió. Esto no significa que un email nunca sirva como prueba — puede servir si se puede acreditar su autenticidad y recepción por otros medios — pero el burofax simplifica esa acreditación.
Qué debe incluir un burofax de reclamación
- Identificación completa de quien reclama y de quien recibe (nombre o razón social, NIF/CIF, dirección)
- Referencia a la factura o facturas impagadas: número, fecha de emisión, fecha de vencimiento e importe
- Referencia al contrato, pedido o presupuesto que dio origen a la deuda, si existe
- Requerimiento expreso de pago, con un plazo razonable para hacerlo (habitualmente entre 7 y 15 días)
- Advertencia de las consecuencias de no atender el requerimiento (reclamación por vía judicial, intereses de demora si proceden)
- Fecha y firma
Tienes el texto completo, bloque a bloque, en la guía sobre el modelo de carta de reclamación de factura impagada — el burofax es, en la práctica, esa misma carta enviada por un medio certificado.
Cuánto cuesta enviar un burofax
El coste varía según el operador, el peso del documento y las opciones que se contraten (certificación de texto, acuse de recibo, copia certificada). Como referencia orientativa, un burofax de una o pocas páginas con certificación de texto y acuse de recibo suele costar entre 20 y 40 €, dependiendo del operador y de si se contrata en oficina o de forma online. Los precios exactos conviene consultarlos en el momento del envío, ya que los operadores los actualizan periódicamente.
Existen también servicios online de burofax certificado (fuera de Correos) que permiten generar y enviar el documento sin desplazarte, con un coste similar. Lo importante, elijas el operador que elijas, es contratar siempre la certificación de contenido y, si puedes, el acuse de recibo: sin esas dos opciones, el envío pierde gran parte de su valor probatorio.
Ejemplo orientativo de estructura
Por medio del presente burofax, [Nombre/razón social, NIF], con domicilio en [dirección], se dirige a [Nombre/razón social del deudor, NIF], con domicilio en [dirección], para reclamar el pago de la factura n.º [XXX], de fecha [XX/XX/XXXX], por importe de [XXX] € [+ intereses de demora que correspondan], vencida el [XX/XX/XXXX] y hasta la fecha impagada.
Se requiere el abono de dicho importe en el plazo de [X] días desde la recepción del presente burofax, mediante transferencia a la cuenta [IBAN], quedando a su disposición para cualquier aclaración.
De no atender este requerimiento en el plazo indicado, se procederá a reclamar la deuda por la vía que en derecho corresponda, incluyendo los intereses y costes que resulten de aplicación.
Este es un ejemplo orientativo de estructura, no un modelo listo para usar sin adaptar: cada caso tiene particularidades (varias facturas, contratos con condiciones específicas, deudores con antecedentes de impago) que conviene ajustar antes de enviarlo.
¿El burofax por sí solo sirve como MASC?
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la mayoría de demandas civiles y mercantiles exigen acreditar un intento de solución extrajudicial previo (MASC). Un burofax de requerimiento con propuesta de pago puede servir para acreditar ese intento en muchos casos, pero hay particularidades y excepciones según el tipo de procedimiento, por lo que conviene valorarlo caso por caso antes de dar por hecho que cualquier burofax cumple ese requisito. Puedes leer más sobre qué hace válido un requerimiento de pago y sobre la MASC obligatoria desde 2025.
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Este contenido es divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico individualizado.